En Chile existen cerca de 15.000 corredores de propiedades, de los cuales solo entre el 20% a 30% se encuentran asociados a empresas reconocidas por el mercado inmobiliario. Muchos clientes han denunciado estafas, fraudes o malas prácticas ante el Sernac, Línea Directa del Diario El Mercurio o por redes sociales, a agentes o corredores que intentan a través de llamados solicitar la firma para contratos fraudulentos, depositando solo una parte del mes de garantía o canon de arriendo, y algunos simplemente desaparecen.
A juicio de la ACOP (Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios), la falta de estándares mínimos para ejercer el corretaje inmobiliario en Chile abre espacio a malas prácticas que exponen a las personas a descoordinaciones, conflictos legales e incluso pérdidas económicas.
Para Yuval Ben Haym, director regional de REMAX Chile, director de ACOP y presidente del comité de franquicias de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), es necesario consensuar los protocolos de buenas prácticas del servicio inmobiliario, para resguarden la confianza de los clientes.
"Cuando la asesoría inmobiliaria se entiende solo como una transacción de dinero, se desvaloriza la gestión y se pierde la conexión real que hay entre las personas. En este tipo de negocios, la confianza es un intransable y cuando se pierde no hay como recuperarla porque comprar o vender una vivienda es una de las decisiones más importantes de la vida y hay mucho en juego"
— Yuval Ben Haym, Director Regional de REMAX Chile
A diferencia de otros países, en Chile no existe un registro nacional de corredores de propiedades, ni exigencias obligatorias de formación especializada o seguros de responsabilidad civil que protejan a los consumidores frente a eventuales errores o negligencias en el proceso.
Según un estudio de ACOP ha demostrado que regular este mercado no encarece la gestión, al contrario, eleva los estándares, ordena la actividad y fortalece la confianza de los involucrados, desde las entidades financiadoras hasta el cliente final.
Uruguay está proyectando tener un registro oficial, como ya lo hizo Perú, Brasil (Consejos Regionales de Corredores de Inmuebles (CRECI), con supervisión por estados, modelo similar tienen en Argentina y España.
En Chile el año 2018 se discutió el último proyecto de ley que aborda la materia, y se espera que se aúnen voluntades de todos los actores de la industria para una discusión pública que regule formalmente la actividad.